Comentamos las triquiñuelas millonarias en la adjudicación de reparaciones de fachadas en Santander. La polémica adjudicación del Banco de España en Santander: la rebaja de COPSESA que desplazó a OHL, Ferrovial y Dragados. El proceso de licitación para la rehabilitación del antiguo Banco de España en Santander, futuro Archivo Lafuente, se resolvió a favor de la constructora cántabra COPSESA gracias a una fuerte reducción en su oferta económica. Esa decisión dejó fuera a gigantes del sector como OHL, Ferrovial y Dragados, cuyas propuestas técnicas eran prácticamente equivalentes a la ganadora. Sin embargo, la ventaja inicial de la baja de COPSESA terminó diluyéndose cuando el contrato fue modificado, lo que elevó el coste de la obra en un 18 %.
Una adjudicación marcada por el precio, que tenía truco
En diciembre de 2023, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander adjudicó el contrato a COPSESA (Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A.). El factor determinante fue el precio: su propuesta, con una rebaja notable respecto al resto, superó a empresas de gran trayectoria en la obra pública española. En la fase técnica, las diferencias fueron mínimas —COPSESA apenas sacó un punto a la UTE OHL–SENOR y dos a Ferrovial–Palomera—, lo que dejaba el desenlace en manos de la valoración económica.
El futuro Archivo Lafuente en el antiguo Banco de España de Santander
El edificio del Banco de España, situado frente al edificio de Correos, se transformará en la sede del Archivo Lafuente, que alberga más de 130.000 piezas relacionadas con las vanguardias artísticas y culturales del siglo XX y XXI. La colección fue adquirida por el Estado y está gestionada a través del Museo Reina Sofía. El nuevo centro combinará funciones de archivo, espacio expositivo, área de investigación y almacén documental, y se prevé que su gestión se organice mediante un consorcio institucional. El Ayuntamiento, por su parte, limitó su papel a la licitación y adjudicación de las obras.
Las reformas de este calado tienen que contar, sí o sí, con el suministro de materiales de hormigón en Cantabria o donde la obra se encuentre, pues no hay proyecto de construcción hoy en día que no precise de prefabricados de hormigón o ferralla y otros productos de este tipo.
Competencia con los grandes del sector de las reparaciones de fachadas en Santander
La licitación partió de un presupuesto de 15,7 millones de euros y un plazo de ejecución de algo más de dos años. El proyecto atrajo a la mayoría de las grandes constructoras del país: Dragados, Acciona, Ferrovial, OHL, Ortiz, SIECSA, Rotedama y varias uniones temporales de empresas. Vías y Construcciones fue descartada por errores formales en la documentación.
En la valoración técnica, COPSESA sumó 46,5 puntos, OHL–SENOR 45,5, Ferrovial–Palomera 44,5 y SIECSA 41,5, lo que demostraba una competencia muy ajustada. La diferencia decisiva vino con las ofertas económicas: COPSESA ofertó 10,61 millones de euros sin IVA, la cifra más baja de todas, frente a los entre 11 y 11,5 millones presentados por Dragados, OHL, Ferrovial y Acciona, mientras que Ortiz rozaba los 11,9 millones. Con ello, COPSESA alcanzó la máxima puntuación en este apartado y se impuso con 97,5 puntos frente a los 91,69 de OHL–SENOR y los 87,85 de Ferrovial–Palomera.
Una rebaja que se diluyó en el tiempo
El contrato se formalizó por 12,83 millones de euros (IVA incluido), con un plazo de 24 meses y finalización prevista para abril de 2026. No obstante, en agosto de 2025, el Ayuntamiento aprobó un modificado que elevó el coste hasta los 15,16 millones y retrasó la inauguración a agosto de 2026. En la práctica, la rebaja que permitió a COPSESA adjudicarse el proyecto quedó neutralizada, acercando el coste final al presupuesto original de licitación.
Una práctica recurrente en la obra pública: ¿y nadie hace nada?
Este caso reproduce un patrón habitual en los concursos públicos: empresas que ganan gracias a una baja económica muy agresiva, desplazando a competidores de gran solvencia, pero que posteriormente terminan requiriendo modificaciones contractuales, sobrecostes y ampliaciones de plazo.
El Observatorio de Contratación Pública advierte que este tipo de prácticas pone en riesgo la calidad de la ejecución, la sostenibilidad de la inversión y la eficiencia del gasto público. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público contempla mecanismos para excluir ofertas anormalmente bajas, la última palabra siempre corresponde al órgano de contratación.
