El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha suspendido temporalmente el derribo de 86 viviendas en Argoños, compuestas por 78 unidades en la urbanización Pueblo del Mar y ocho en La Llana 2. Esta medida se ha tomado en respuesta a un incidente de inejecución de sentencias presentado por el Gobierno regional, el Ayuntamiento y las comunidades de propietarios respectivas.

 

En los documentos enviados a las partes involucradas, se argumenta que ambas urbanizaciones cuentan actualmente con una base legal en el plan urbanístico vigente, mientras que el recurso contra la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo.

 

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El PORN, anulado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y recurrido en casación por el Gobierno regional ante el Alto Tribunal, respalda legalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado a principios de este año, el cual a su vez sustenta las licencias concedidas para estas viviendas.

 

El TSJC ha aceptado la solicitud de inejecución de sentencias debido al potencial perjuicio que podría causarse si el Tribunal Supremo ratifica la legalidad del PORN, del PGOU y, por ende, de las licencias otorgadas.

 

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha expresado que esta decisión es un alivio para los propietarios de las viviendas y ha reafirmado el compromiso de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, de encontrar una solución definitiva a los derribos en esta legislatura. ¡El cuento de nunca acabar que tanto les gusta a los políticos cuando la patata caliente les supera!

 

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regional continuará trabajando con diligencia para regularizar urbanísticamente donde sea posible, ofrecer casas de sustitución en casos donde no sea viable la regularización y, en última instancia, indemnizar a los afectados.

 

Media ha transmitido el respaldo del Gobierno cántabro a los afectados y les ha asegurado que cuentan con su apoyo en la lucha por resolver esta situación que consideran injusta y que arrastran desde hace más de dos décadas.

 

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