Una empresa de derribos y desescombros en Burgos comenta el último escándalo de la provincia. El municipio de Fresneda de la Sierra Tirón, una pequeña localidad situada en la comarca burgalesa de Montes de Oca, se enfrenta a una situación compleja tras recibir un mandato judicial firme que le obliga a demoler una instalación deportiva construida de forma irregular. Se trata de un frontón cubierto que el Ayuntamiento levantó hace dos años sobre una parcela calificada como espacio de uso público, incumpliendo así las normas urbanísticas vigentes en el municipio. El Tribunal Supremo ha puesto punto final a la batalla legal desestimando el recurso de casación interpuesto por el Consistorio y ratificando la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que declaraba ilegal la obra y obligaba a derribarla.
Un trabajador municipal reconoció que la obra se estaba realizando de forma irregular
El origen de este conflicto urbanístico se remonta a 2021, cuando comenzaron las obras del nuevo frontón en un solar municipal que, según el planeamiento urbanístico de Fresneda de la Sierra, debía conservarse como espacio libre de uso público. Pese a ello, el Ayuntamiento decidió ejecutar el proyecto, que supuso una inversión de unos 300.000 euros de las arcas municipales, sin adecuarse a la normativa ni recalificar el terreno previamente. Según se ha conocido durante el proceso judicial, incluso un trabajador municipal reconoció que era consciente de que la obra se estaba realizando de forma irregular, pero ésta se ejecutó bajo la creencia de que ningún vecino denunciaría la situación.
Sin embargo, dos vecinas de Fresneda de la Sierra Tirón, preocupadas por la vulneración de la normativa y la posible degradación del espacio público, decidieron presentar una demanda para frenar la actuación municipal. Su argumento principal fue que la parcela afectada estaba calificada como espacio libre público, condición incompatible con la edificación de un frontón cubierto de grandes dimensiones como el que finalmente se construyó. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo falló a favor del Ayuntamiento, pero el TSJ revocó esta decisión y dio la razón a las denunciantes, dictaminando que la obra debía ser demolida para restituir la legalidad urbanística.
Derribos y desescombros en Burgos que pueden ser polémicos
El fallo del TSJ se apoyó en que, aunque las normas urbanísticas de Fresneda de la Sierra permiten ciertas instalaciones deportivas, estas deben ser acordes a la naturaleza y dimensiones de un espacio libre público, es decir, modestas y de bajo impacto. El frontón en cuestión, sin embargo, transformó una pista deportiva al aire libre y multifuncional —que previamente servía como campo de fútbol 5 o cancha de baloncesto— en una instalación semiabierta con muros de 17 metros de altura y una cubierta, dotándola de un carácter mucho más propio de un polideportivo cerrado. Este cambio de uso y envergadura fue considerado una vulneración de la normativa, especialmente porque nunca se tramitó la recalificación urbanística previa.
Ante la sentencia desfavorable del TSJ, el Consistorio optó por recurrir ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado la admisión del recurso de casación, lo que convierte en firme la orden de derribo. Las denunciantes, por su parte, han solicitado formalmente la ejecución de la sentencia y han expresado su voluntad de seguir vigilantes para evitar dilaciones en el cumplimiento del fallo. Además, se mantienen atentas a la posible respuesta de la Junta de Castilla y León, que actualmente estudia la solicitud de recalificación del terreno presentada por el Ayuntamiento con la esperanza de legalizar a posteriori la obra. No obstante, las demandantes ya han advertido que, si la Junta opta por modificar la calificación del suelo para legitimar el frontón, recurrirán de inmediato la resolución por considerar que sería contraria al interés general y a la normativa vigente.
Una irregularidad que ahora podría costar muy cara al municipio
Este caso pone de manifiesto una realidad frecuente en algunos pequeños municipios: la tensión entre la necesidad de dotar a los pueblos de infraestructuras modernas y el respeto a la legalidad urbanística. En este sentido, la obra del frontón se planificó con el argumento de dotar a Fresneda de la Sierra Tirón de una instalación deportiva cubierta que permitiera celebrar actividades deportivas y culturales durante todo el año. Sin embargo, la ejecución de la obra se hizo de espaldas a la normativa y sin los trámites legales pertinentes, una irregularidad que ahora podría costar muy cara al municipio, no sólo por la demolición, sino también por la pérdida de los 300.000 euros invertidos.
La historia también refleja cómo la movilización de ciudadanos comprometidos puede revertir decisiones municipales que no respetan la normativa. Lejos de buscar enfrentamientos personales, las denunciantes han subrayado que su única motivación ha sido salvaguardar la legalidad urbanística y proteger el uso público del espacio afectado, algo que consideran fundamental para garantizar la convivencia y evitar arbitrariedades en la gestión de los recursos comunes.
El Ayuntamiento deberá afrontar la pérdida de la inversión y el coste de la demolición
De momento, mientras se resuelve la petición de recalificación y se avanza en la ejecución de la demolición, el frontón sigue en pie y apenas se utiliza, salvo en contadas ocasiones para competiciones menores y algunas actividades festivas o socioculturales. No obstante, su futuro está prácticamente sentenciado, a menos que la Junta autorice una recalificación que, según las propias denunciantes, supondría abrir un nuevo capítulo judicial.
El caso de Fresneda de la Sierra Tirón es un ejemplo claro de cómo una mala planificación y la falta de respeto a la normativa urbanística pueden derivar en perjuicios económicos y conflictos sociales en municipios pequeños, donde cada euro invertido cuenta y cada metro de suelo público tiene un valor social añadido. Ahora, el Ayuntamiento deberá afrontar la pérdida de la inversión y el coste de la demolición, sino también la tarea de restituir el terreno a su estado original, garantizando que vuelva a cumplir su función de espacio libre público para el uso y disfrute de todos los vecinos.
Derribos en Burgos y toda España: una vivienda no declarada será derribada
El ayuntamiento de Vigo se está luciendo en los últimos tiempos con derribos y polémicas con construcciones ilegales o incluso alegales. Lo último que hemos sabido es que se ordena demoler en Vigo una vivienda levantada en la pandemia sin licencia y que fue detectada por la autoridad con una imagen aérea de Google. La vivienda ilegal con piscina, marcada con un recuadro negro, se puede observar perfectamente en una imagen aérea de Google Earth.
La vivienda ilegal contaba con piscina, marcada con un recuadro negro, en una imagen aérea de Google Earth. La edificación deberá ser derribada en un plazo máximo de tres meses; el dueño alegó que era una obra menor, pero fue muy ingenuo al pensar que le saldría bien la jugada.
El 28 de junio del 1850 comenzaba la demolición de la Puerta de Atocha en un impulso fuerte del Estado por modernizar la ciudad de Madrid y dotarlo con nuevos paseos y bulevares. Los restos derivados del desescombro, bastante masivo para la época, se utilizaron para adoquinar diferentes partes de la ciudad.
